Lun. Sep 28th, 2020

No le corresponde al Congreso ver el deshacinamiento de penales sino al Ejecutivo. El pleno virtual del Congreso archivó propuesta del Ejecutivo.

18 de mayo de 2020

No le corresponde al Congreso ver el deshacinamiento de penales sino al Ejecutivo,  fue la argumentación de base para que finalmente el pleno virtual del Congreso archivara  la propuesta del Ejecutivo.

Los dictámenes en mayoría y minoría que proponían medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles frente a la pandemia, fueron rechazados por el Pleno del Congreso realizado la noche del sábado 16.

Durante el debate distintas bancadas se pronunciaron porque esa responsabilidad no es competencia del Congreso de la República, sino del Poder Ejecutivo y que el deshacinamiento, a través de la excarcelación, podría servir para que sea aprovechado por delincuentes y por funcionarios corruptos.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo Villón (AP) accedió a las modificaciones que los congresistas de distintas bancadas le plantearon y presentó textos sustitutorios hasta en dos oportunidades.

Puesto al voto, el dictamen en mayoría obtuvo el respaldo de 22 congresistas, 83 se pronunciaron en contra y 20 se abstuvieron. De esta manera, se envió al archivo el documento pese al reconocimiento de los esfuerzos por elaborarlo realizados por la comisión y su titular.

En relación al dictamen en minoría, de autoría de la congresista María Cabrera (PP), que planteaba la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a los imputados con penas menores de seis años, en el contexto del estado de emergencia sanitaria. Tras su breve debate, la votación fue concluyente, 110 votaron en contra y 15 se abstuvieron, con lo cual el segundo dictamen, el de minoría, también se fue al archivo

REACCIONES DEL EJECUTIVO.-

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) lamentó que el Congreso de la República, en su sesión plenaria de ayer, haya decidido rechazar las propuestas legislativas que tenían el objetivo de ayudar a reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y los centros juveniles del país.

El sector aclaró que el gobierno en ningún momento intentó trasladar este problema al Parlamento, pero en vista a que no se delegó al Poder Ejecutivo la competencia para variar la situación jurídica de las personas privadas de libertad, a pesar de haberlo solicitado, consideró que era necesario trabajar en conjunto, como país, para controlar y mitigar la epidemia del Covid-19 en los penales.

En este contexto, el propio Poder Judicial presentó dos iniciativas legislativas al Congreso, que se sumaron a la remitida por el Ejecutivo, ante la evidente necesidad de tener normas de carácter excepcional que permitan evaluar la situación jurídica de más de 35 mil personas internas procesadas y, si fuera el caso, de condenados con penas menores por delitos no graves.

El MINJUSDH recordó, además, que no se puede dejar de considerar, como han señalado organismos internacionales de derechos humanos, que las personas privadas de libertad son seres humanos que no han perdido su condición de ciudadanos y, lamentablemente, un problema estructural de hace décadas como es el hacinamiento dificulta las acciones para combatir la pandemia.

El sector reafirmó el compromiso del gobierno que, sin perjuicio de lo sucedido, como todos los días, continuará adoptando e implementando medidas que permitan el control y mitigación de los riesgos para los internos, las internas y el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Medidas como la conversión de penas por omisión a la asistencia familiar, que permite la excarcelación de quienes paguen su deuda total; la revisión de casos en la Comisión de Gracias Presidenciales para recomendar indultos y conmutación de penas; el encargo a la Defensa Pública de presentar pedidos de cesación de prisiones preventivas para internos/internas en condición vulnerable; las acciones de control sanitario, entre otras.

En el mismo sentido, se continuará trabajando con nuestros centros juveniles a cargo del Pronacej.

Asimismo, exhortó al Poder Judicial a continuar con las evaluaciones de oficio que se han dispuesto a través de una resolución administrativa emitida el pasado 7 de mayo por su Consejo Ejecutivo, y a seguir sumando para lograr controlar el problema que representa el COVID-19 en situaciones de hacinamiento.

Fuente/ Congreso/ MINJUS-DDHH

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