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Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor: “la Corte IDH fijó criterios específicos que deben cumplirse para una suspensión como de una restricción o afectación de derechos

 

 

 

 

 

7 de junio de 2020 

La Corte IDH, llevó a cabo el Seminario: “Restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19” en el marco del Ciclo de Conferencias Interamericanas organizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante el Seminario participaron más de 2.500 asistentes de 21 nacionalidades de América y Europa.

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México) recordó en la apertura del Seminario que “consciente de esta realidad el pasado 9 de abril la Corte Interamericana emitió la Declaración 1/2020, sobre Covid-19 y Derechos Humanos en donde puntualizó una serie de problemas y desafíos que surgen como consecuencia de la pandemia.

A su vez, estableció que las respuestas de los Estados tienen que ser abordadas desde una perspectiva de los derechos humanos. Las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos”, recordó el Juez Ferrer.

Además, señaló que, si bien la Corte no ha enfrentado a través de su jurisprudencia una situación similar a esta pandemia, “en sus más de cuatro décadas de existencia, el Tribunal ha establecido criterios específicos que deben cumplirse cuando se trate tanto de una suspensión como de una restricción o afectación de derechos”, destacó el Juez de la Corte Interamericana.

“Como sabemos la propia Convención Americana establece la posibilidad de suspender ciertos derechos en su artículo 27.

El tratado señala que en ‘‘caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas’’ en la Convención Americana.

A su vez, dispone que en ningún supuesto estas disposiciones pueden ser incompatibles con las otras obligaciones que impone el derecho internacional y no puede ser discriminatorias en función de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”, señaló el Juez Ferrer.

En este seminario, la ponente peruana Elizabeth Salmón  compartió sus reflexiones desde dos perspectivas una de seguridad y la otra desde el apoyo social. Desde el punto de vista de seguridad, acotó que en el Perú no es un extraño, ni preocupa o asusta ingresar a un estado de emergencia; por el contrario, hay un estado de normalización, en el que el orden público está en manos de la PNP  con apoyo de las FFAA.

La declaración de estado de emergencia obedece a la auto investidura del Presidente de la República, es decir, no se necesita permiso del Congreso, basta el acuerdo con e Consejo de Ministros.

En este sentido, la doctora Salmón hizo mención que existe una hipernormatividad que merece el control de convencionalidad a efectos de que no se violen disposiciones de la convención americana de derechos humanos,

En lo que respecta, al la lógica social que emplea el Estado de apoyo a las familias vulnerables como son los bonos, hemos visto que no se cuenta con una entidad que tenga una sola data clara, confiable que permita llegar a todos quienes necesiten. Las ayudas no llegaron a todos precisamente por falta de data.

Asimismo, precisó que en nuestro país si bien el Estado ha adoptado medidas para enfrentar las pandemia, como es el caso de la cuarentena, aislamiento social, toque de queda; medidas que todos respetamos, pero surgen otras vulnerabilidades como es el caso, de los informales que viven del día a día, otros que viven en la calle, violencia contra la mujer, en otros.

Entonces, el Estado peruano a desnudado sus propias debilidades y tenemos que volver al acápite de Para qué sirve el Estado y cómo podemos hacer que un Estado sea mejor garante de derechos.

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