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Congreso de la República aprobó por insistencia la autógrafa de ley que propone que el uso de equipos biomédicos, infraestructura de los centros y establecimientos de salud privados

26 de junio de 2020 

El Pleno del Congreso de la República  aprobó por insistencia la autógrafa de los proyectos de ley 4865, 4872, 4926 y 5251, que proponen la modificación de los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado de daños a la salud y la vida de las poblaciones.

El presidente de la Comisión de Salud y Población, Omar Merino (APP), estuvo a cargo de la sustentación de esta norma, la cual observada por el Poder Ejecutivo. En tal sentido, aclaró que la propuesta se aplica para toda emergencia sanitaria, más allá del COVID-19, evitando que se generen los problemas que vivimos actualmente.

Además, precisó que la intervención del sector privado de la salud daría excepcionalmente en el marco de una emergencia sanitaria y no significa un riesgo a las libertades constitucionales.

“Con esta intervención del Ministerio de Salud se busca proteger los derechos fundamentales de toda la población”, apuntó.

Cabe destacar, que según el artículo 8 del texto aprobada, se establece que:

Art. 8 (…) «Durante la declaratoria de emergencia sanitaria los equipos biomédicos, infraestructura de los centros y establecimientos de salud privados serán puestos a disposición del MINSA en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Salud, que definirá los planes de acción para disminuir el riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones (…)»

El segundo vicepresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga, precisó que propusieron una herramienta adicional al gobierno, que consiste en poner a disposición todos los mecanismos y no una expropiación. “Esta Representación Nacional es diferente, quiere que se haga justicia y que la población sepa que si estamos en guerra todos, vamos a salir juntos de esto”, dijo.

La iniciativa obtuvo el respaldo de 110 congresistas, y quedó lista para ser promulgada, al ser una insistencia, por el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, en cumplimiento al artículo 108 de la Constitución.

 

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