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Congreso aprueba reformas constitucionales impedimento de personas condenadas no postularán a cargos de elección popular y de confianza así como la eliminación de la inmunidad y privilegios a altos funcionarios de Estado

6 de julio de 2020 

Tras el  Mensaje a la Nación del Presidente de la  República, en la que  expresó su malestar por no haber  incorporado a debate plenario la propuesta de reforma constitucional presentada por ele Ejecutivo sobre personas sentenciadas o condenadas en primera  instancia por delito doloso no podrían postular a cargos de elección popular y cargos de confianza. por un lado y de otro, el no haber alcanzado los votos para que la propuesta de la eliminación de la  inmunidad parlamentaria pueda se consultada en una segunda legislatura ordinaria y en consecuencia se pasaba a referéndum y muy a su estilo,, el mandatario quejó al nuevo Parlamento ante  la ciudadanía poniéndolo contra la espada y la pared.

La reacción del Parlamento no se hizo esperar, sesionaron el día domingo, finalmente aprobándose  ambas propuestas  pero con matices particulares.

La primera de ellas, se aprobó  el que ninguna persona condenada en primera instancia por delito dolo ( sin fijación de penas) no podrá postular cargos de elección popular ni ocupar cargos de confianza.  El dictamen que plantea una reforma constitucional para incorporar los artículos 34-A y 39-A en la Carta Magna con el fin de establecer los impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública, fue aprobado por 111 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones en la sesión plenaria del Congreso de la República. Nada le costó al  Parlamento debatirlo el vienes pasado. Por tratarse de una reforma constitucional, y como la iniciativa ha sido votada por más de dos tercios de los parlamentarios presentes, no requiere de referéndum, pero sí de una nueva votación en la siguiente legislatura.

El artículo 34-A de la propuesta legislativa impide “postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

El artículo 39-A impide “ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso”.

El presidente de la Comisión de Constitución y ReglamentoOmar Chehade Moya (APP) sostuvo en el inicio de la sustentación de su propuesta legislativa, que solo el Congreso, a través de la Comisión que dirige, es la casa de la reforma política, electoral y constitucional del Estado, y nadie puede arrancharle esa función.

Dijo que el objetivo primordial de esta propuesta no es otra que mejorar la calidad de la oferta política. Y para ello añadió, se ha realizado un exhaustivo análisis de la presunción de inocencia, el derecho a la pluralidad de instancias y un análisis de proporcionalidad que permite formula la iniciativa en función de dotar de idoneidad a los candidatos que postulen a cargos de elección popular “Se trata de una propuesta integral y transversal”, indicó Chehade Moya, “en donde se contrapuso el derecho fundamental a ser elegido y el derecho a la presunción de inocencia, contra el principio de fortalecimiento de la democracia, el principio de integridad de la administración pública y de lucha contra la corrupción«.

En cuanto a la segunda el Pleno del Congreso aprobó con 110 votos a favor, 13 en contra y ninguna abstención la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas; alcanza al presidente de la República, ministros de Estado y otras altas autoridades. El acuerdo se tomó en la última sesión plenaria correspondiente a la primera legislatura ordinaria del periodo de sesiones 2020- 2021 realizada el domingo 5. Por tratarse de una reforma constitucional, deberá ser ratificada en la próxima legislatura según lo establece el artículo 206 de la Constitución Política, anunció el presidente del CongresoManuel Merino De Lama.

De acuerdo al texto presentado por el presidente de la Comisión de Constitución y ReglamentoOmar Chehade Moya (APP), se modificó el artículo 93 de la Constitución Política con el siguiente texto: “Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación” para agregar que “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ni por las acciones legislativas, de representación, de fiscalización, de control político u otras inherentes a la labor parlamentaria que realicen en el ejercicio de sus funciones”.

También se incluye que “Los procesos penales contra congresistas por delitos comunes cometidos durante su mandato parlamentario son de competencia exclusiva con la corte Suprema de Justicia”.

Asimismo, se modificó el artículo 99° para precisar que “los Ministros de Estado no cuentan con antejuicio político, ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo”. Al igual que el artículo 117° para señalar que el presidente de la República durante su periodo “También podrá ser acusado por los delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad”.

Del mismo modo, se modificó el artículo 161° para señalar «que el Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal«; así como el artículo 201° para precisar que “para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para ser juez de la Corte Suprema. A los miembros del Tribunal Constitucional les alcanzan las mismas incompatibilidades que los congresistas. No hay reelección inmediata”.

 

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