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12 abogados miembros del Consejo Consultivo de la Comisión del Congreso renuncian tras la aprobación de la eliminación de la inmunidad presidencial y alto funcionarios del Estado

07 d e julio de 2020 

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República enfrenta una crisis de credibilidad y representación, 11 abogados que fueron  integrantes del Consejo Consultivo de la citada Comisión, han renunciado tras  haberse aprobado la propuesta de reforma constitucional que elimina no solo la inmunidad  parlamentaria, sino que se hizo extensivo a la inmunidad presidencial, a miembros del TC, Jueces Supremos, Defensor del Pueblo. Entre los abogados que han renunciado figuran Javier Alonso de Belaunde  al considerar que las modificaciones constitucionales “contravienen los parámetros básicos de una debida deliberación y que supone una afectación grave a los principios constitucionales de democracia, gobernabilidad, balance y control de poder”. Los abogados Luciano López, Elena Alvites, Betzabé Marciani, César Landa, Rocío Villanueva y Elizabeth Salmón renunciaron, expresando su rechazo “a la forma en la que se aprobaron, en primera votación, las referidas reformas constitucionales, pues contraviene uno de los principios esenciales de nuestro Estado constitucional, como es el principio democrático, recogido de manera explícita en los artículos 43 y 45 de la Constitución”. “La especial gravedad de esta situación se centra en el impacto de las citadas reformas en el principio de equilibrio de poderes”, indican en una misiva.

El abogado Juan Carlos Ruíz Molleda fue el décimo jurista en presentar su “renuncia irrevocable”. “Tomo esta decisión, pues no estar de acuerdo con la forma como el Congreso aprobó las modificaciones a la Constitución sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, de forma inmotivada, en apenas 2 horas, sin la debida motivación, sin dictamen previo, sin debate y deliberación pública, y de espaldas a la opinión pública. No se puede modificar la norma fundamental de esa manera”, indicó.

“Este tipo de decisiones afecta la autonomía y facultades de los magistrados del Tribunal Constitucional, del defensor del Pueblo, del presidente de la República y de los ministros de Estado, alterando de esta forma las bases del sistema democrático, que se basa en la división de poderes. Todo esto debilita instituciones fundamentales indispensables para el funcionamiento de la democracia. Necesitamos instituciones fuertes, autónomas para que puedan cumplir con sus funciones, no su socavamiento permanente”, agregó.

Samuel B. Abad Yupanqui hizo lo propio en horas de la noche. “Hechos recientes y que son de público conocimiento, como una reforma constitucional apresurada, aprobada en primera votación, que pretende introducir normas que debilitan la institucionalidad, el equilibrio de poderes y que, además, han carecido del debate y reflexión necesarios, me desalientan a continuar integrando la mencionada Comisión Consultiva y, por tanto, me conducen a presentar mi renuncia”.  A su  turno lo  hizo, Pedro Cateriano.

Al cierre de esta nota., el ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, sostuvo  y en la misma línea Eloy Espinoza, que el Presidente de la República puede solicitar una consulta a la Corte IDH sobre este tema incluso antes de que la propuesta de reforma constitucional sea ratificada en la segunda legislatura.  Y, lo que resuelva la Corte, el Parlamento está obligado a resolverlo.  El otro camino es la acción de inconstitucionalidad.

Se suma  el abogado constitucionalista y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Ferrero Costa, renunció también al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución.

Fuente/ Rpp Noticias / Programa Nada  Está  Dicho

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