GINEBRA, (22 de marzo de 2024) – Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, en una declaración al final de una visita de 12 días al país, miró  con buenos ojos el progreso de los marcos legales en Perú para proteger los derechos de las personas adultas mayores, aunque urgió al Gobierno a implementar estos compromisos políticos, asignar recursos suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado para las personas adultas mayores, y acelerar el camino hacia la justicia transicional para los sobrevivientes adultos mayores de la violencia política.

Perú ha dado en los últimos años para defender los derechos de las personas adultas mayores, incluyendo la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la aprobación de la Ley del Adulto Mayor» acotó.

Mahler enfatizó que Perú debe asignar los recursos que hacen falta para realizar estos compromisos si se quiere que las personas adultas mayores puedan vivir con dignidad. «A pesar de que el seguro de salud es casi universal, muchas personas adultas mayores en Perú tienen dificultades para recibir la atención sanitaria que necesitan debido a los largos tiempos de espera, los elevados gastos de bolsillo y la falta de proveedores especializados, especialmente en las zonas rurales», dijo la experta. «Más de la mitad de la población de edad avanzada carece de acceso a pensiones y debe seguir trabajando más allá de la edad normal de jubilación.

La experta también mencionó que incluso los que tienen pensiones luchan por cubrir sus necesidades básicas, ya que los importes que reciben pueden ser impredecibles y a menudo son insuficientes para cubrir el costo de la vida.

Mahler también llamó la atención sobre las deficiencias del sistema peruano para proporcionar cuido y apoyo a las personas adultas mayores, señalando el número limitado de centros de atención adecuados, especialmente centros residenciales para personas adultas mayores en situación de abandono, la falta de cuidadores capacitados y el apoyo limitado para que las personas adultas mayores reciban atención dentro de sus propias comunidades.

“La persistencia del edadismo y la discriminación por motivos de edad repercuten en el acceso de las personas adultas mayores a los servicios esenciales y en su capacidad para participar en el mercado laboral y en la vida pública, incluidos los espacios políticos,” dijo Mahler, agregando que el edadismo podría desembocar en violencia, abuso, y abandono por la familia.

La experta subrayó que la discriminación por motivos de edad exacerba las vulnerabilidades existentes y refuerza la exclusión social y económica de las personas adultas mayores que se enfrentan a formas múltiples e interseccional de discriminación, incluidos los miembros de los Pueblos Indígenas, migrantes y refugiados, mujeres, personas LGBT+ y personas privadas de libertad.

Asimismo,  expresó su preocupación por la prevalencia de la violencia contra las personas adultas mayores, en particular contra las mujeres e instó al Gobierno a adoptar medidas de protección y a posibilitar a más personas adultas mayores denunciar estos incidentes con seguridad y obtengan justicia.

La Experta Independiente también subrayó la necesidad de agilizar los esfuerzos en favor de la justicia transicional para los sobrevivientes y las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno de Perú. Recordó que decenas de miles de peruanos fueron víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, tortura y esterilizaciones forzadas por parte del Gobierno y del movimiento guerrillero Sendero Luminoso entre los años 1980 y 2000.

«Muchos de los sobrevivientes son ahora personas adultas mayores que siguen esperando después de décadas que se haga justicia por los crímenes cometidos contra ellos y sus seres queridos», declaró Mahler.

Finamente,  expresó su profunda preocupación por las propuestas medidas legislativas que impondrían la prescripción de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados antes de 2002. “Tales medidas contravendrían el derecho internacional y los compromisos vigentes de Perú en materia de derechos humanos. «.

Fuente ONU