En el marco de la política de rendición de cuentas del Ministerio Público, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Derechos Humanos y Terrorismo, Daniel Jara Espinoza, informó que en el año 2020 el subsistema a su cargo tramitó 336 investigaciones, de las cuales 16 se encuentran en etapa de investigación judicial, 12 están con medidas coercitivas y cuatro con sentencias condenatorias.
Entre los logros  se tiene la  sentencia de nueve años de cárcel que se le impuso al policía Diopoldo Aguilar Camacho por la tortura y muerte de Gerson Falla Marrueros en una comisaría de San Borja; la condena de 20 años de cárcel contra Edgar Acevedo López por la ejecución extrajudicial de siete pobladores de la localidad de Llusita, en Ayacucho; y las penas de entre 11 y 14 años de prisión impuestas a Julio Huapaya, Elmer Preciado y César Cuadros por tráfico de armas en agravio del Estado.
En el 2020 también fueron identificados, y devueltos a sus familiares, los cuerpos de los agricultores Aurelio Cuba, Avelino Retamozo y Juan Salinas, asesinados por efectivos de la Base Militar Santa Rosa, en 1987. Asimismo, se identificaron los restos de 15 víctimas –la mayoría niños– desaparecidas en un operativo militar en la comunidad campesina de Santa Bárbara, Huancavelica, en 1991.
Cabe señalar que, de las 336 investigaciones registradas el año pasado, 224 fueron sobre terrorismo, con 166 investigados y más de 120 víctimas. En materia de derechos humanos se contabilizaron 112 denuncias que involucraron a 110 investigados.
 
Nuevas fiscalías
En el año 2020 se crearon dos fiscalías especializadas, una en el distrito fiscal de Apurímac y otra en Junín, de vital importancia para la atención de casos sobre graves violaciones a los derechos humanos y terrorismo. También se fortalecieron dos fiscalías especializadas en Ayacucho, que fueron dotadas con fiscales adjuntos para atender y agilizar los casos en investigación.