CIDH Y OACNUDH llaman al Estado a abstenerse de criminalizar a defensoras de derechos humanos garífunas en Honduras

Tegucigalpa/Washington, D.C. – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llaman al Estado de Honduras a adoptar medidas que eviten la criminalización de personas defensoras de derechos humanos garífunas, particularmente de quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. Asimismo, instan a garantizar un ambiente libre de hostilidades para la defensa de los derechos humanos y a intensificar las medidas para respetar y proteger los derechos del pueblo Garífuna sobre sus tierras, territorios y recursos naturales conforme los estándares internacionales e interamericanos.

La CIDH y OACNUDH observan con preocupación que el uso indebido del sistema penal sigue siendo utilizado, en ocasiones, como práctica de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente en relación con la defensa del territorio de comunidades indígenas y afro hondureñas. De acuerdo con la información recibida, varias mujeres defensoras garífunas habrían sido detenidas y estarían sujetas a procesos penales derivados de dos requerimientos instaurados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, que tendrían su origen en una disputa civil con terceros, por la falta de delimitación de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro.

Al respecto, se recibió información sobre detenciones de mujeres defensoras en lo que va del 2021 . Así, el 10 de julio de 2021 fue detenida, Jenny Boden Ruiz, mujer garífuna, quien actualmente contaría con medidas alternativas a la prisión preventiva, el 16 de junio, Silvia Bonilla, integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Durante la audiencia inicial se dictó el sobreseimiento provisional de ambas acusaciones, concluyendo la falta de pruebas que acreditaran su responsabilidad. Además, el 3 de marzo de 2021 de las hermanas Marianela y Jennifer Mejía Solórzano, también integrantes de OFRANEH. Durante la audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento en contra de estas defensoras y se ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva. Además, se tuvo conocimiento de que derivados de estos dos requerimientos penales estarían pendientes por lo menos otras 28 órdenes de captura.

La CIDH y OACNUDH han conocido con anterioridad sobre el conflicto territorial que afecta a comunidades garífunas ante la falta de demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras y territorios ancestrales. Esto también fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias respecto a las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra de 2015.

En particular, la CIDH en su informe Situación de Derechos Humanos en Honduras de 2019, expresó su preocupación ante información recibida sobre acusaciones y demandas por usurpación de tierra, calumnias y difamación en contra de múltiples líderes y lideresas garífunas.

La criminalización de personas defensoras promueve un estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. A su vez, el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales, sin fundamentos en contra de ellas, tiene un efecto amedrentador en su labor, y adicionalmente puede generar una paralización de su trabajo en la defensa de derechos humanos. En especial, cuando se trata de mujeres que realizan esta labor, la criminalización resulta inhibidor en las actividades de defensa que llevan a cabo, además aumenta y exacerba desigualdades sociales existentes.

Los procesos penales infundados de quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas como es el caso de defensoras y defensores de derechos humanos, tienen como finalidad hostigar y afectar su legítima labor. En este sentido, la CIDH y OACNUDH llaman al Estado de Honduras a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que, mediante investigaciones penales, se someta a juicios injustos o infundados a las personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de los derechos humanos en el país.

Finalmente, instan al Estado a intensificar sus acciones para respetar y garantizar las tierras, territorios y recursos naturales de las Comunidades Garífunas, incluyendo la demarcación y el debido saneamiento de las mismas, en línea con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en sus sentencias y tomando en consideración la relación especial entre el pueblo Garífuna y su territorio ancestral.

 

Honduras2019
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